La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia núm. 274/2026, de 09/04/2026 (recurso de casación 4481/2023), confirma que el certificado de residencia fiscal extranjero, al que la Sala de lo Contencioso-Administrativo reconoció en la STS 778/2023, de 12/06/2023 (rec. 915/2022), un valor probatorio cualificado en los conflictos de residencia del convenio, no goza de ese privilegio en el proceso penal: opera como presunción iuris tantum (esto es, que admite prueba en contrario) que cede ante prueba contundente de permanencia del contribuyente en España superior a 183 días en el ejercicio. En ese supuesto, el certificado no impide al tribunal penal concluir que el acusado era residente fiscal en España.
La consecuencia práctica, a efectos de la defensa del cliente con vínculos materiales en España, es exigente. Cuanto más amplios sean esos vínculos (vivienda habitual disponible, núcleo familiar, presencia profesional, actos sociales y personales recurrentes), más sólida tiene que ser la prueba de la residencia real en el extranjero. El expediente probatorio de residencia no admite improvisación: calendario detallado de presencia día a día, respaldado por evidencia contemporánea (movimientos bancarios, registros migratorios, asistencia a actos profesionales y personales, contratos de arrendamiento o titularidad de vivienda en la jurisdicción extranjera), y certificado anual de residencia fiscal expedido a efectos del convenio aplicable. Sin esa documentación, el certificado por sí solo no resiste el escrutinio del proceso penal.
Análisis íntegro en → La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se pronuncia sobre la presunción de validez de los certificados de residencia fiscal en el ámbito penal
https://spanishtaxjournal.com/2026/04-09/sala-de-lo-penal-del-ts-y-certificado-de-residencia-fiscal-presunci%C3%B3n-que-cede-ante-prueba-contundente/